El Ministerio de Sanidad y Consumo tiembla cada vez que salen los estudios comparativos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). La razón es que en muchos casos ponen en evidencia sus carencias a la hora de proteger los intereses y la salud de los consumidores, sufriendo también la presión de la Industria Alimentaria, que no ve con buenos ojos unos estudios que en algunos casos les perjudican con razón y en otros sólo por comparación.
Pongamos el caso de la carne de caballo en las hamburguesas, un tema que fue realmente llamativo: ¿todas las hamburguesas tenían carne de caballo? La información de OCU se sobredimensionó y, en algunos casos se distorsionó, llegando a crear una polémica que en realidad no existía, ya que el estudio contaba qué carnes de hamburguesas tenían carne de caballo y cuáles no.
España ha vivido varias transiciones en los últimos 50 años, pero sin duda la de los derechos del consumidor todavía se esta gestando, por ello organizaciones como OCU, con más de 300.000 afiliados (más que algunos partidos políticos), demuestran la preocupación de los consumidores en relación con los productos que compran, muchas veces y de forma intencionada mal denominados, como sucede con el aceite virgen refinado, donde no debiera poner la palabra oliva o en los productos que llevan aceites vegetales, en lo que no es necesario contar su procedencia, y así un largo etcétera.
Los intereses de la Industria chocan frontalmente con los de los consumidores, como muchas veces indica Bruselas, haciendo España oídos sordos a muchas indicaciones que resultan incómodas. La última maniobra tiene que ver con la propuesta de una nueva disposición adicional en la Ley de Cadena Alimentaria que va a dificultar sobremanera que se realicen análisis comparativos de alimentos en España. Una normativa que pretende que antes de publicar un estudio haya unos plazos para que las empresas implicadas, conozcan y tengan tiempo para aportar un contra-estudio, todo ello arbitrado por el Ministerio, algo sin precedentes. Ningún otro país europeo tiene una normativa similar, siendo las organizaciones de consumidores las que de alguna forma ponen freno a los intereses de la Industria Alimentaria. Los consumidores europeos reciben y valoran este tipo de información y realizan sus compras en base a las calificaciones obtenidas por las diferentes marcas.
Los últimos y llamativos estudios sobre la leche, el aceite o la carne de caballo no han concluido en expedientes sancionadores, sino todo lo contrario. El Gobierno pretende que este tipo de análisis no se vuelva a realizar en tiempo y forma y los consumidores adquieran los productos con la información, interesada, que les da la propia industria.
Por otra parte, y como sucede en cualquier otro ámbito, ante los estudios comparativos que realiza esta Asociación las empresas cuentan con los Tribunales de Justicia para hacer valer sus derechos. En este sentido, desde que en 1980 OCU comenzara a realizar análisis comparativos, nunca ha sido condenada en un procedimiento judicial por publicar información no veraz.
